El Gobierno nacional dispuso una reestructuración de la Secretaría General de la Presidencia, que redistribuye funciones entre sus áreas. Además de eliminar la Subsecretaría de Planificación General y elevar al titular de la Subsecretaría Legal al rango de secretario, se estableció que Casa Militar sea quien administre la Quinta de Olivos.
La decisión se dio a conocer a través de la publicación del Decreto N° 1176/2026 en el Boletín Oficial. De esta manera, la modificación reorganizará las competencias vinculadas con el funcionamiento de la Casa Rosada, las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal, la preservación patrimonial, la seguridad y los traslados del jefe de Estado.
A partir de la oficialización de estos cambios, la nueva estructura de la Secretaría General incluirá a la Unidad Gabinete de Asesores, las subsecretarías Legal, de Coordinación Administrativa, de Gestión Institucional y de Asuntos Presidenciales, además de la Casa Militar. Además, apuntaron que los cambios eran relevantes "por razones de gestión".
No obstante, uno de los cambios más relevantes otorga al titular de la Subsecretaría Legal, Juan Manuel Galli, rango y jerarquía de secretario. Al mismo tiempo, se eliminó el cargo extraescalafonario de coordinador de Asesoramiento Técnico, que dependía directamente de la Secretaría General.
También quedó suprimida la Subsecretaría de Planificación General. Sus funciones no se detallaron en el texto principal del decreto, aunque la norma modificó los objetivos de otras áreas para redistribuir tareas dentro de la estructura presidencial.
A partir de estas modificaciones, la Unidad Gabinete de Asesores incorporará atribuciones relacionadas con la planificación de un programa de puesta en valor de los edificios, el patrimonio histórico y los bienes culturales de la Secretaría General.
Entre sus nuevas funciones figuran la elaboración de políticas culturales, la conservación y restauración de patrimonio, junto con la coordinación de actividades en la Casa de Gobierno y otras sedes administrativas.
De hecho, el área también tendrá intervención en cuestiones vinculadas con la Residencia Presidencial de Olivos, la Residencia Presidencial de Chapadmalal y el Museo del Bicentenario. Sin embargo, respecto de las dos residencias, deberá coordinar acciones con las autoridades de Casa Militar.
Por otro lado, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa sumará la planificación de los servicios generales requeridos por la Secretaría General y los organismos a los que presta asistencia.
De la misma manera, asumirá la responsabilidad de las tareas ligadas a los traslados terrestres del Presidente y aquellos que la Secretaría General encomiende para integrantes del Poder Ejecutivo. Esa competencia abarca actividades dentro y fuera del país y comprende las sedes de Casa Rosada, Olivos y Chapadmalal.
La dependencia también tendrá a su cargo la planificación de la intendencia, el mantenimiento, las cocheras y el transporte de la Secretaría General. En materia de higiene, seguridad laboral y medio ambiente, asumirá funciones en las áreas presidenciales, salvo las residencias de Olivos y Chapadmalal.
Por último, la Casa Militar deberá organizar y supervisar el trabajo de los agentes asignados a la seguridad presidencial, incluidos efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y fuerzas policiales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
De este modo, la norma le asignó la aprobación y aplicación de procedimientos de acceso para la seguridad integral de la Casa Rosada, las residencias presidenciales y las sedes administrativas de la Secretaría General.
En línea con esto, se determinó que también concentrará la administración, el mantenimiento, la intendencia y las cuestiones de seguridad e higiene de las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal.
Pese a que la nueva estructura ya entró en vigencia, el decreto contempló que, mientras se complete la reestructuración, seguirán vigentes de forma transitoria las áreas inferiores existentes, junto con sus dotaciones, cargos, niveles, grados y suplementos.
Por último, las autoridades remarcaron que la reorganización no incrementa la cantidad de unidades que integran la Administración Pública Nacional. Asimismo, indicaron que los gastos derivados de su implementación se financiarán con partidas otorgadas a la Secretaría General de la Presidencia.
