La ruta que une a unas 7.000 personas de Angamarca, en los Andes de Ecuador, con la costa atraviesa laderas y páramo. Su ensanche quedó bajo cuestionamiento judicial porque la ampliación de una carretera pasa por el único hábitat conocido del sapo arlequín jambato.
El caso enfrenta la necesidad de una vía para comunidades con dificultades de traslado, sobre todo ante urgencias médicas, con la protección de una especie de la que quedan pocos ejemplares.
El litigio se presentó en nombre del animal, amparado por los derechos de la naturaleza que reconoce la Constitución ecuatoriana.
National Geographic informó que un tribunal superior concedió en febrero una acción de protección a favor del jambato y ordenó detener las obras en el sector afectado. La acción de protección es un mecanismo constitucional que busca una respuesta inmediata ante una posible vulneración de derechos.
La disputa comenzó en 2024, cuando el Gobierno Provincial de Cotopaxi aprobó el ensanche de la única carretera de acceso al valle del río Angamarca.
La cobertura señaló que los trabajos incluyen remoción de tierra y explosiones. Voluntarios y la Alianza Jambato advirtieron que los escombros caían hacia el río.
En septiembre de 2024, la Alianza Jambato y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, conocida como CEDENMA, solicitaron una medida judicial para detener las obras.
Sostuvieron que el proyecto no tenía resguardos ambientales suficientes y podía afectar el derecho de la especie a existir.
Gustavo Redín, vicepresidente de CEDENMA, explicó a la revista que la organización actuó en representación legal del anfibio.
El reclamo presentó al jambato como un sujeto protegido por las garantías constitucionales de la naturaleza, sin limitarse a una posible afectación de habitantes u organizaciones ambientalistas.
En enero de 2026, un juez local ordenó suspender los trabajos hasta que el Gobierno Provincial de Cotopaxi demostrara que la construcción no provocaría un impacto ambiental grave.
Luego de una inspección ambiental que no registró ejemplares, el proceso judicial continuó con nuevas actuaciones sobre el impacto de la carretera, de acuerdo con la cobertura de la revista.
María del Carmen Vizcaíno, cofundadora y directora ejecutiva de la Alianza Jambato, cuestionó que la falta de avistamientos probara la ausencia de la especie. Señaló que, por la escasez de animales, encontrarlos es difícil.
La resolución posterior concedió la acción de protección y pidió al Gobierno nacional que adoptara medidas para proteger al sapo arlequín jambato. Las medidas judiciales buscaron frenar el avance de la obra ante el riesgo de daños sobre el hábitat de la especie.
El sapo arlequín jambato fue considerado extinto en estado silvestre después de que el último registro conocido ocurriera en 1988. La especie reapareció en 2016, cuando un niño de 12 años de Angamarca encontró un ejemplar, de acuerdo con el relato de National Geographic.
El herpetólogo Juan Guayasamín, de la Universidad San Francisco de Quito, indicó que el jambato había sido común en la región andina. Junto a sus colegas, localizó 71 ejemplares durante un relevamiento realizado en el valle entre 2021 y 2022.
La revista señaló que especialistas relacionan el declive de la especie con períodos cálidos y secos y con el hongo Batrachochytrium dendrobatidis.
Ese hongo puede causar quitridiomicosis, una enfermedad que afecta la piel de los anfibios y puede alterar funciones necesarias para su supervivencia. La cobertura presenta esta explicación como una hipótesis, no como una causa confirmada.
La Constitución ecuatoriana reconoce que la naturaleza puede existir, persistir y regenerarse. También obliga al Estado a prevenir actividades que puedan llevar a la extinción de especies. Ese marco constitucional permitió presentar la demanda a favor del jambato.
Romeo Vichicela, presidente del Gobierno Parroquial de Angamarca, sostuvo ante la revista que la carretera es necesaria para una población que trasladó productos con animales y recorrió largas distancias para acceder a servicios básicos.
Agregó que el camino actual dificulta el traslado a centros de salud durante emergencias nocturnas.
Vichicela también afirmó que cambiar el trazado o construir una vía alternativa no sería razonable por razones técnicas, territoriales y de inversión pública.
Nayerli Cañizares, estudiante universitaria y voluntaria de Angamarca, reconoció la necesidad de la carretera, pero reclamó una planificación basada en estudios técnicos.
El caso plantea qué condiciones deben cumplirse antes de construir una ruta en el último refugio conocido de una especie con pocos ejemplares.
